Los partidos empujando hacia abajo

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Nº2036 - al de Septiembre de 2019
por Fernando Santullo

Uno de los efectos colaterales de las campañas electorales es la suspensión de la realidad. Al menos de aquellos aspectos de la realidad que no encajan en las estrategias de marketing político planificadas y desarrolladas por los partidos políticos. Así, de pronto, un país que tiene una competencia democrática razonablemente establecida, en donde de manera más que aceptable está garantizado el ejercicio electoral, pasa a ser una dictadura. Dicho esto por uno de los señores que está compitiendo tranquilamente por los votos de sus conciudadanos en esa eventual dictadura. O que un senador que es candidato en las elecciones pase a ser alguien sospechoso porque mantiene su escaño (y cumple con las tareas que este implica), solo porque eso es lo que necesita la campaña de alguno de sus rivales.

De alguna manera, se parece a aquello que a veces nos pide la ficción: allí donde el cine nos reclama que suspendamos la incredulidad, a efectos de que la película funcione mejor, las campañas políticas nos exigen que suspendamos nuestra percepción de la realidad, así su estrategia funciona mejor. Allá en el fondo y aunque pueda parecer otra cosa, al ciudadano se le está reclamando lo mismo: que suspenda su sentido crítico y se limite a aceptar el plato precocinado que se le envía desde una instancia superior. Y, en el caso de la política, que se lo coma sin chistar, que con votar ya le alcanza como ejercicio democrático. En ese esquema, el partido manda y el ciudadano actúa como campana, repicando cualquier tontería dicha, a todo el tejido social.

Estas estrategias se apoyan en una realidad: el elector no es casi nunca un experto en aquellos temas que le son planteados. Precisamente por eso es que existe la idea de representación en las democracias. Así, en un artículo reciente, el politólogo español Manuel Arias Maldonado, recordaba que según la última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de su país, el 47,7% de los encuestados no tenía noticia de la existencia del Consejo General del Poder Judicial y que ese porcentaje se elevaba al 62,3% en los jóvenes de entre 18 y 24 años. “Naturalmente”, apuntaba Arias Maldonado, “eso no impide a la mitad de los españoles —qué otra cosa son los encuestados, metonimia mediante— recelar de la independencia de los tribunales”. Para luego agregar: “No parece necesario hacer un ejercicio de imaginación demasiado intenso para deducir de este dato que la mayoría de los votantes se maneja en la vida democrática sin una idea precisa de sus contenidos institucionales”.

El español recordaba que “para el difunto Giovanni Sartori, la ignorancia sistemática del público de masas es el mejor argumento en favor de la democracia representativa sobre el referéndum habitual”. Por eso, en tiempos en que es habitual escuchar argumentos contra la democracia representativa (por considerarla poco efectiva), en pro de la democracia directa (esa que funciona en estado de asamblea permanente y de plebiscito en plebiscito), conviene recordar que de hecho vivimos en el marco que nos proporciona una democracia liberal. Uno que garantiza la separación de poderes (perfectible, sin dudas, pero mejor que un Estado totalitario) y la existencia de contrapesos entre los poderes que se constituyen en partidos, sindicatos, asociaciones (y por lo cual resulta por completo absurdo hablar de dictaduras).

Desconfíe, amigo, del político de gobierno que dice que el problema es que ellos gobiernan, pero no tienen el poder. Lo que ese político está diciendo en realidad no es que no tenga poder sino que no tiene todo el poder que él considera necesario para sacar adelante sus ideas y cuánto le gustaría que ese poder se concentrara en sus manos. Es decir, está diciendo de manera implícita que recela de los contrapesos que proponen las democracias liberales y que son aquellos que impiden, precisamente, que todo el poder se concentre en quien gobierna. O en un partido, un sindicato, la ARU o los Tenientes de Artigas. Está diciendo también que le resulta muy cuesta arriba hacer política de manera que otras visiones del mundo compitan con la suya e incidan en los resultados. En definitiva, que las cosas le irían mejor sin un Parlamento competitivo o, mejor todavía, con uno en donde la mayoría absoluta convierta el debate de ideas en una reliquia del pasado. A esa clase de poder se refiere ese político.

En cualquier caso, existe una distancia entre ser experto y no tener el menor interés o idea sobre aquello que nos es vendido en cada campaña electoral. Entre reproducir las agresiones hacia un candidato sin tener la menor idea de si lo que se dice sobre él es cierto o reproducir las declaraciones altisonantes de otro candidato, ese que habla de vivir en dictaduras cuando se encuentra en plena campaña electoral. Es la distancia exacta que va entre el experto y el ciudadano que se interesa mínimamente por intentar comprender su entorno y su realidad.

Los partidos saben que esa distancia existe y cuentan con ella. Saben también que el interés de sus eventuales electores por la cosa pública es selectivo y en ocasiones más bien débil. Por eso seleccionan los platos que luego ofrecen y no otros. Aquellos platos que mejor funcionan como golpe de efecto y que, así lo creen, más votos pueden acarrear a sus respectivos molinos. Por eso es responsabilidad de cada ciudadano elegir entre limitarse a ser un simple peón en una jugada que lo supera con creces (y que muchas veces ni siquiera lo toma en cuenta) o ser un ciudadano responsable que, en la medida de sus posibilidades, se informa sobre aquello que ocurre a su alrededor y sobre las posibilidades de mejorarlo, en caso de que eso le parezca necesario.

Para terminar, recordar que aunque la palabra “liberal” levante ronchas en algunos imaginarios arraigados en nuestro país, es precisamente el carácter liberal de nuestra democracia el que sostiene y organiza la distribución del poder entre nosotros. Como decía el propio Arias Maldonado en otra nota, “la fuerte presión ejercida hoy contra el procedimentalismo liberal es la mejor demostración de su absoluta necesidad. Si no existieran los procedimientos, las garantías y los contrapesos que distinguen al modo en que el liberalismo político organiza el poder, ¿quién podría salvarnos de quienes dicen querer salvarnos?”.

Esto es especialmente relevante cuando son los propios políticos, alentados por el fragor de sus campañas, quienes se ponen a hablar de dictaduras o se proponen linchar en las redes a su adversario ideológico, ahora convertido en enemigo. No hace falta ser un ciudadano modo experto para poder entender esas barbaridades tal como las define la RAE: actos necios, temerarios, exagerados y excesivos. Y, agrego yo, que lo único que logran es tironear y empobrecer nuestra democracia liberal.

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