Celda del Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación (CIEDD) del SIRPA. Foto: Presidencia

La prisión, que sería un “modelo” para la rehabilitación, debió ser cerrada por problemas edilicios y vandalismo; según el juez, el organismo aceptó las obras sin hacer “una sola” observación y los jóvenes tuvieron “carta libre” para destruirla

La Justicia condenó al INAU a pagar cerca de US$ 1 millón a la constructora de un centro de detención de menores infractores

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Nº2048 - al de 2019
escribe Victoria Fernández

En las fotos publicadas en la página web de Presidencia se puede ver a Daniel Olesker, exministro de Desarrollo Social, a Javier Salsamendi, entonces titular del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), y a Ruben Villaverde, responsable del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, cortando sonrientes la cinta de inauguración del Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (CIEDD), un sitio de detención de menores infractores. En las fotos también se ven celdas inmaculadas, un jardín interior iluminado por el sol, cuadros y colores vivos en las paredes. Era abril de 2014 y el gobierno exhibía con orgullo las instalaciones de lo que anunciaba como un centro “modelo”, que había construido de forma veloz gracias a que el Parlamento habilitó una excepción para la contratación directa de una empresa constructora.

Cuatro años después, las nuevas autoridades calificaban al centro de “perrera”. Así resumió Graciela Fulco —que pasó a dirigir el organismo responsable de los menores infractores, ahora llamado Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa)— los numerosos problemas edilicios, la falta de espacio, la poca seguridad y los destrozos provocados por los menores recluidos en el centro. El nivel de las irregularidades constatadas por una auditoria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue tal que el Directorio del Inisa resolvió a mediados de 2018 presentar una denuncia penal para que se investigue la actuación de la constructora y de las anteriores autoridades (Búsqueda Nº 1.974). Pocos meses después, decidió cerrar el centro.

Pero los contratiempos no terminaron ahí. Porque ahora el INAU deberá pagar cerca de US$ 1 millón a la empresa constructora del centro, con Fedal S.A. que, junto con Tresor S.A., integró el consorcio que recibió la adjudicación de la obra en 2012. Es que en paralelo a la investigación en el ámbito penal, en la Justicia de lo Contencioso Administrativo se dirimía desde 2016 una demanda iniciada por Fedal para cobrar montos adeudados. El INAU no solo se negó a pagar, alegando que la empresa había incumplido el contrato por las malas condiciones de la obra, sino que retrucó presentando una contrademanda a la constructora.

El jueves 21, el juez Gabriel Ohanian falló a favor de la empresa y condenó al INAU a pagarle una deuda de $ 30 millones (unos US$ 800.000), más intereses y ajustes. Además, rechazó la contrademanda del INAU e incluso cuestionó la “malicia” y “sinrazón” con la que actuó, por lo que le ordenó pagar los costos del juicio, de acuerdo con la sentencia a la que accedió Búsqueda.

Inauguración del Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación (CIEDD) del SIRPA. Foto: Presidencia

“Sorprendente”

El INAU realizaba los pagos al consorcio constructor de acuerdo con el avance mensual de la obra, luego de que fueran certificados por el arquitecto responsable designado por el organismo, Daniel Majic. Según reclamó Fedal, pese a que el consorcio dio “estricto y cabal cumplimiento” al contrato, y a que Majic recibió las llaves de la obra “sin realizar objeción alguna”, el INAU no pagó los últimos avances, y tampoco el saldo por el total de las obras ejecutadas. El monto adeudado ascendía a unos $ 30 millones.

La constructora contradijo el argumento del INAU de que los materiales usados en la obra fueran de mala calidad, e indicó que todos ellos fueron previamente aprobados por el organismo. Además, señaló que el edificio había sido objeto de destrozos por parte de los internos, y que no hay material antivandálico que pueda resistir “actitudes de fiereza y descontrol”.

También señaló que existía un “trasfondo político” en el cual las nuevas autoridades estaban auditando lo hecho por sus predecesores.

El INAU, por su parte, replicó que el consorcio no solo no había cumplido, sino que además le había causado perjuicios. Afirmó que la entrega de la obra había sido aceptada debido a la necesidad urgente de usar las instalaciones, pero que nunca se realizó su “recepción definitiva”. Enumeró los problemas edilicios detectados por la auditoría del ministerio y sostuvo que el consorcio debía pagar una multa de $47 millones.

El juez Ohanian —que realizó una inspección en el centro junto a la arquitecta perito del caso— evaluó que el asunto no tenía dos lecturas. “Es sorprendente”, escribió, que el INAU afirme que existieron incumplimientos por parte de la empresa cuando durante la ejecución de la obra estuvo presente el arquitecto Majic en su representación, quien “nada observó a lo actuado por el personal del consorcio”. Pese a que Majic no forma parte del organigrama del INAU, se le encomendó el control del centro y de varias otras obras, señaló el juez, e indicó que no queda claro por qué el ente no utilizó su Departamento de Arquitectura.

“No hay intimaciones, observaciones o llamados de atención documentados que permitan colegir alguna disconformidad con lo que se estaba construyendo o el desajuste­ eventual entre el proyecto y la obra”, detalló, Además, “se les devolvió a los miembros del consorcio la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en inequívoca muestra de conformidad con lo hecho”.

Por otra parte, el juez tuvo en cuenta que durante el juicio, por vía administrativa, el INAU accedió a pagar lo adeudado a la otra empresa integrante del consorcio (Tresor). “La contradicción es mayúscula”, cuestionó.

Ohanian señaló que los problemas surgieron luego de que el centro fuera inaugurado y ocupado por los adolescentes infractores, que “destrozaron rápidamente todas las instalaciones de un local que fue pensado como centro modelo para su rehabilitación”. Y pese a que las instalaciones eran efectivamente antivandálicas, no existen materiales “indestructibles”, indicó. “Si los funcionarios de INAU —por el motivo que fuere (falta de personal, falta de idoneidad, etc.)— permiten que los internos golpeen repetidamente, desatornillen, quemen o tironeen las distintas instalaciones del centro, no puede luego el organismo alegar su propia culpa y trasladársela a Fedal”, sostuvo.

Concluyó, por tanto, que “no se trata de que los materiales o la construcción fueran deficientes, sino que es la falta de contención que reina entre los adolescentes alojados en los centros del actual Inisa, que evidentemente tuvieron carta libre para destruir el edificio a su antojo, la causa por la cual en menos de tres años un centro que fue concebido como modelo quedó fuera de servicio”.

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