La Intendencia de Montevideo rescindirá la concesión de Kibón por las dificultades económicas de la empresa

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Nº2040 - al de Octubre de 2019
Vista aérea de la zona del Kibón en la rambla de Pocitos. Foto: Nicolás Celaya /adhocFOTOS

La Intendencia de Montevideo (IM) solicitó a la Junta Departamental rescindir el contrato con la empresa Afacor S.A., que tiene la explotación del parador Kibón en la rambla de Pocitos, informó El Observador.

La empresa ganó la concesión en 2012 y tenía contrato vigente hasta 2024; sin embargo, según la resolución de la comuna, enfrentaba dificultades para cumplir con el canon de más de US$ 20.000 mensuales.

Este "incumplimiento" hizo que la firma solicitara una conciliación judicial "previo al juicio que por daños y perjuicios pretende iniciar contra la Intendencia", afirmó la comuna.

En marzo pasado, Búsqueda informó sobre la instancia de conciliación entre la IM y representantes de Afacor S.A., ya que la empresa que realizó la inversión y promovió el proyecto asegura que el gobierno departamental no cumplió con los compromisos acordados.

Es que en los pliegos de la licitación se establecía que la intendencia trasladaría de sitio la terminal de ómnibus que actualmente funciona junto a Kibón, algo que no ocurrió.

Otro de los puntos que Afacor S.A. denuncia que no se cumplió es lo relativo a la demora de la intendencia en responder a oportunidades de negocios que surgieron a lo largo de los años. Al parecer, la falta de celeridad tuvo como consecuencia la pérdida de oportunidades, tales como la instalación de ofertas gastronómicas.

Hoy ambas partes se encuentran en negociaciones y una vez celebrada la tentativa de conciliación, que ya se prorrogó dos veces según fuentes de la intendencia, los accionistas resolverán si continúan con acciones civiles tendientes a reclamar indemnización "por daño emergente relacionado al cierre del proyecto".

Según pudo saber Búsqueda, en caso de no llegar a un acuerdo, la empresa prevé iniciar acciones legales y reclamar a la IM US$ 11,5 millones.

En el escrito enviado a la Junta, la comuna admite que de prosperar la demanda le ocasionaría "importantes inconvenientes, como el tener que afrontar la eventualidad de una sentencia que pueda ser contraria", informó El País.

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